La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre el recrudecimiento de la violencia en áreas rurales de Huila y Caquetá, donde persiste la presión de grupos armados no estatales y la limitada presencia del Estado.

Scott Campbell, representante de la ONU en Colombia, visitó recientemente la región y aseguró que pudo constatar de primera mano el temor y las múltiples vulneraciones a los derechos de la población. “Estuve cuatro días en Huila y Caquetá y vi el miedo en sus ojos. Los liderazgos sociales están acorralados, amenazados y privados de la libertad para opinar o moverse en el territorio. Hay homicidios, extorsiones, reclutamiento de menores y desconfianza para denunciar ante las autoridades”, declaró.

De acuerdo con testimonios de líderes sociales, varios de ellos han sido declarados “objetivo militar” y viven bajo hostigamientos constantes. “Los grupos armados saben dónde estamos, qué hacemos y con quién hablamos. Controlan nuestros movimientos y nos intimidan. Necesitamos una ruta de paz que impida la presencia armada en nuestros territorios y que el Estado garantice nuestros derechos”, manifestaron.

El representante Campbell también denunció el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. “Se nos informó que los grupos van a las escuelas, indagan por la situación familiar de los estudiantes y se llevan a los más vulnerables. Algunas niñas desaparecen por temporadas y regresan después; otras son retenidas de forma permanente”, señaló.

La comunidad, en diferentes encuentros con la ONU, subrayó la urgencia de una presencia integral del Estado que brinde acceso a educación, empleo, agua potable, centros deportivos y culturales, así como mayores garantías para pueblos indígenas y comunidades campesinas.

La oficina de la ONU recordó que el pasado 18 de septiembre Campbell recibió denuncias de amenazas contra habitantes de Belén, en La Plata (Huila), presuntamente por parte de un grupo armado que opera en la zona. Días después, cerca de mil personas fueron obligadas bajo intimidación a protestar en el casco urbano exigiendo la salida del Ejército.

Ante este panorama, la ONU instó a las autoridades colombianas a proteger a la población civil sin estigmatizarla y pidió a los grupos armados liberar de inmediato a todos los menores de edad en su poder.

En lo corrido de 2025, la Oficina ha verificado el asesinato de tres defensores de derechos humanos en Huila y de dos más en Caquetá, lo que confirma la agudización del conflicto en ambos departamentos.