El Huila se sumó a la jornada nacional ‘Un día sin audiencias’, realizada el 19 y 20 de enero, como protesta frente al recorte de 60.000 millones de pesos al presupuesto de la Defensoría del Pueblo y al no pago de los honorarios de diciembre a miles de defensores públicos en el país. La medida se reflejó en el aplazamiento de diligencias judiciales y encendió las alertas sobre el impacto que la crisis tendría en el acceso a la justicia de la población más vulnerable.

En el departamento, alrededor de 60 defensores públicos atienden actualmente procesos en distintos municipios. Sin embargo, de mantenerse el ajuste presupuestal previsto para 2026, esa cifra podría reducirse a entre 20 y 25 profesionales, lo que pondría en riesgo miles de casos y agravaría la congestión judicial ya existente. Defensores advierten que la sobrecarga haría inviable garantizar una defensa adecuada y oportuna.

A esta situación se suma el retraso en el pago de honorarios a más de 4.200 defensores en Colombia, lo que ha generado incertidumbre laboral y financiera. Desde la Defensoría del Pueblo se ha insistido en la necesidad de una adición presupuestal urgente para sostener la planta actual y evitar un colapso del sistema de defensa pública, clave para garantizar el derecho fundamental a la justicia de quienes no pueden pagar un abogado.