La Contraloría General de la República confirmó el archivo definitivo del proceso de responsabilidad fiscal relacionado con la ejecución del Contrato de Suministro No. 1093 de 2020 del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio de Neiva, al establecer que no existió daño patrimonial al erario.
La decisión fue adoptada por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 5 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal, mediante el Auto No. URF2–1879 del 30 de diciembre de 2025, dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF No. 80413-2021-39130. El fallo ratificó el archivo previamente ordenado por la Gerencia Departamental Colegiada del Huila, tras surtirse el grado de consulta obligatorio previsto en la Ley 610 de 2000.
De acuerdo con el ente de control, durante el proceso no se logró demostrar la existencia de un daño cierto, especial y cuantificable a los recursos públicos, elemento indispensable para configurar responsabilidad fiscal.
Análisis técnico descartó presunto detrimento
La investigación, iniciada en 2022, evaluó posibles sobrecostos en la compra de raciones alimentarias durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en un contrato cuyo valor inicial superó los 12.500 millones de pesos. En una etapa preliminar se había estimado un presunto detrimento fiscal por más de 701 millones de pesos, a partir de comparaciones con precios mayoristas del sistema SIPSA–DANE.
No obstante, el informe técnico definitivo concluyó que dicha estimación no se ajustaba a las condiciones reales del mercado. El estudio incorporó cotizaciones de proveedores locales, análisis contextualizado de precios y la evaluación de costos logísticos y operativos propios de la ejecución del PAE en pandemia, como transporte, distribución, bioseguridad y otros gastos indirectos.
Según el análisis, varios productos fueron contratados a valores inferiores a los promedios del mercado local de la época, lo que descartó la existencia de un perjuicio económico para el municipio.
SIPSA no fue considerado parámetro suficiente
La Contraloría precisó que los precios del SIPSA–DANE no podían ser utilizados como único referente técnico, al tratarse de valores mayoristas que no incluyen variables determinantes para la operación del PAE, especialmente en el contexto excepcional de la emergencia sanitaria de 2020. Asimismo, señaló que no era técnicamente viable estructurar un estudio de mercado retroactivo con el nivel de certeza exigido por la normativa fiscal.
Archivo definitivo del proceso
Con base en el principio de realidad material, el ente de control concluyó que la gestión fiscal evaluada se ajustó a los principios de economía, eficiencia y finalidad pública. En consecuencia, ordenó el archivo definitivo del proceso y la desvinculación de todos los investigados, incluido el entonces secretario de Educación y los terceros civilmente responsables.
La decisión dejó sin efectos cualquier imputación fiscal y cerró de manera definitiva el expediente, al confirmarse que no hubo pérdida de recursos públicos en la ejecución del contrato del PAE durante la administración municipal evaluada.
