Más de 500 familias campesinas de nueve municipios ribereños del río Magdalena recibirán apoyo para recuperar su capacidad productiva tras las afectaciones generadas por la ola invernal de 2025 y las crecientes súbitas del río.
Con ese objetivo, la Gobernación del Huila suscribió el contrato interadministrativo 1054 de 2026 con la Fundación del Alto Magdalena, por un valor de 1.837 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses. El convenio busca fortalecer las unidades de producción agrícola y pecuaria, garantizar ingresos sostenibles y brindar acompañamiento técnico especializado para la recuperación socioeconómica de las familias afectadas.
El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera destacó que la iniciativa responde a las consecuencias generadas por el incremento del caudal del río Magdalena y la apertura de compuertas de la represa de Betania, que provocaron inundaciones en varias veredas. “Este convenio permite atender a más de 500 familias con proyectos productivos. Por primera vez, Enel comprende la necesidad de adelantar compensaciones a los afectados, y la Gobernación ha concurrido activamente en este proyecto”, afirmó.
Según el secretario de Agricultura y Minería, Óscar Eduardo Trujillo Cuenca, además de la inversión económica, el convenio garantiza el acompañamiento de profesionales especializados para asegurar que las actividades de reactivación cumplan sus objetivos.
La emergencia se presentó tras el aumento de los niveles de los embalses del río Páez y del río Magdalena, que llevaron a Betania y El Quimbo a su capacidad máxima, lo que obligó a descargar grandes volúmenes de agua desde el 3 de julio de 2025. Esta situación afectó más de 1.500 hectáreas de cultivos de arroz, limón, plátano, papaya, yuca, mango, pasturas, así como la producción pecuaria en ganadería bovina, equinos, porcinos, caprinos, avícolas y piscicultura.
Los municipios más impactados fueron Aipe, Campoalegre, Gigante, Hobo, Neiva, Palermo, Rivera, Villavieja y Yaguará, donde se reportaron inundaciones en múltiples veredas y zonas rurales. El contrato busca ahora restablecer la producción y ofrecer una ruta de recuperación sostenible a las comunidades afectadas.
