Un contrato firmado en 2025 para el arrendamiento de un inmueble destinado al funcionamiento del Centro de Detención Transitorio de Neiva desató una fuerte controversia por presuntas irregularidades en su proceso de contratación.
Se trata del Contrato 1155 de 2025, suscrito por 240 millones de pesos bajo la modalidad de contratación directa y publicado en la plataforma SECOP II. El acuerdo fue firmado con Lilly Andrea Manrique Bahamón, propietaria del inmueble ubicado en el barrio Villa del Río.
El cuestionamiento surge porque Manrique Bahamón se desempeñaba como funcionaria pública, al ocupar el cargo de Directora de Justicia y Comisaria de Familia en Campoalegre, condición que le impediría contratar con el Estado, de acuerdo con la normativa vigente sobre inhabilidades.
Aunque posteriormente se habría intentado anular el proceso tras advertirse esta situación, el contrato ya estaba perfeccionado jurídicamente, lo que podría derivar en investigacion no es disciplinarias y penales por presunto incumplimiento de requisitos legales en la contratación estatal.
Según lo conocido, posteriormente los derechos del inmueble habrían sido trasladados al hermano de la funcionaria a través de una empresa recién creada, lo que permitió la firma de nuevos contratos que hoy superan los 530 millones de pesos.
Las posibles irregularidades podrían ser revisadas por los entes de control, entre ellos la Procuraduría y la Fiscalía, para establecer si existieron responsabilidades en este proceso.
Información tomada del Periódico La Nación.
