Un juzgado del municipio de Baraya, en el norte del Huila, profirió una sentencia condenatoria contra un agricultor señalado de causar la muerte de un cerdo mediante el uso de un arma de fuego. La decisión marca un precedente en el departamento, al convertirse en la primera condena por el delito de maltrato animal.

El fallo recayó sobre Fabio Nelson Vargas Perdomo, quien fue hallado responsable de disparar con una escopeta a un cerdo que había ingresado a su predio rural en febrero de 2021. De acuerdo con el proceso judicial, el animal se desplazó desde una finca vecina hasta el terreno del hoy condenado, donde ocasionó afectaciones menores a un cultivo de ahuyama.

La jueza Única Promiscua Municipal de Baraya, Andrea del Pilar Aya Oviedo, determinó que la conducta fue intencional y que el animal sufrió dolor, angustia y estrés antes de morir. En la sentencia se reiteró que los animales son considerados seres sintientes y que el ordenamiento jurídico protege su vida e integridad.

Los hechos se registraron en la finca El Chunche, ubicada en la vereda La Espinalosa. Tras el disparo, las autoridades capturaron en flagrancia a Vargas Perdomo. Aunque inicialmente negó los cargos, en noviembre de 2025 aceptó su responsabilidad, lo que fue valorado por el despacho judicial como una confesión válida.

Como consecuencia, el agricultor fue condenado a ocho meses de prisión, sanción que quedó suspendida de manera condicional por un período de prueba de dos años, debido a que no tenía antecedentes penales. Adicionalmente, deberá pagar una multa equivalente a 3,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes y fue inhabilitado durante ocho meses para ejercer actividades relacionadas con animales.

El juzgado aclaró que no se aplicó la llamada ‘Ley Ángel’, que endureció las penas por maltrato animal, ya que los hechos ocurrieron antes de su entrada en vigencia. No obstante, la decisión se suma a más de 200 condenas registradas en el país por este delito y se enmarca en la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, que ha reiterado la obligación del Estado y de la ciudadanía de proteger a los animales.