En una jornada que marca un precedente en la historia política y judicial del país, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, emitirá hoy el sentido de fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras más de diez años de proceso penal y cinco meses de juicio oral. Por primera vez en Colombia, un exmandatario afronta un juicio penal que podría derivar en una condena.
Uribe, quien fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal —conductas que habrían ocurrido mientras ejercía como senador—, se encuentra en el centro de un complejo entramado judicial en el que se busca determinar si es culpable o inocente de manipular el sistema judicial mediante la búsqueda de testigos falsos para desprestigiar al senador Iván Cepeda, su opositor político.
Durante el proceso, la Fiscalía presentó más de 35 testigos y la defensa cerca de 40, en audiencias que se extendieron por meses. La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, afirmó que Uribe fue el “determinador” de las acciones de su abogado, Diego Cadena, a quien habría instruido para contactar privados de la libertad y lograr testimonios falsos. La funcionaria señaló que el expresidente lideró lo que denominó un “peregrinaje carcelario” para construir una narrativa favorable a su causa.
La Fiscalía solicitó un fallo condenatorio y presentó pruebas como interceptaciones telefónicas, videos, cartas y testimonios que, según Orjuela, evidencian que Uribe ideó y respaldó una estrategia para influir en testigos como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. Entre las pruebas cuestionadas están cartas presuntamente firmadas por exparamilitares como Giovanny Cadavid, Máximo Cuesta y Elmo José Mármol, enviadas a la Corte Suprema de Justicia, pero que habrían sido elaboradas con la intervención de Cadena. La Fiscalía calificó estos documentos como “espurios” y solicitó su exclusión del expediente.
Desde el lado de las víctimas, el abogado Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda, argumentó que Uribe debe ser condenado por haber liderado una “estructura criminal” orientada a fabricar pruebas y presionar testigos. Sostuvo que el expresidente actuó con conocimiento del daño a la justicia y permitió que Cadena operara libremente. Villalba lo acusó de ser el beneficiario directo de dicha estrategia y de haber creado una “máquina peligrosa” de manipulación judicial.
Por su parte, el abogado Miguel Ángel del Río, representante de otras víctimas reconocidas en el proceso, aportó una grabación clave en la que Enrique Pardo Hasche —también procesado por soborno— le dice a Monsalve: “Uribe es Dios sobre la Tierra”, en un intento por convencerlo de retractarse. Del Río también conectó el caso con el trino publicado por Uribe en febrero de 2018, en el que señalaba a Cepeda de manipular testigos, calificándolo como el detonante del presunto plan del expresidente.
Mientras tanto, en ciudades como Bucaramanga, se han convocado caravanas de apoyo al expresidente Uribe, evidenciando la polarización que este proceso ha generado en la opinión pública.
La decisión que emita la juez Heredia Aranda podría marcar un punto de inflexión no solo para el futuro jurídico del expresidente, sino también para el sistema de justicia colombiano.
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