
El sector arrocero en el Huila enfrenta un panorama crítico que amenaza la sostenibilidad del cultivo y el sustento de miles de familias. Así lo advirtió Alcy Cortés, productor del gremio, en entrevista con W Radio, donde señaló que más de 7.000 arroceros están sembrando a pérdida en medio de un mercado cada vez más adverso.
De acuerdo con los agricultores, los precios actuales de compra no alcanzan a cubrir los costos de producción, lo que ha llevado a que cada cosecha represente pérdidas económicas. En el departamento, aunque el rendimiento promedio por hectárea es de entre 100 y 105 bultos —uno de los más altos del país—, se requieren al menos 125 para alcanzar el punto de equilibrio. Esto significa una pérdida cercana a 20 bultos por hectárea, equivalente a unos 1.800.000 pesos, que en cultivos de mayor escala puede ascender hasta los 18 millones por cosecha.
La situación ha obligado a muchos productores a tomar decisiones drásticas, como suspender la siembra, cambiar de cultivo o incluso devolver tierras arrendadas. El impacto ya se siente en municipios como Campoalegre, donde el arroz representa cerca del 90 % de la economía local, afectando directamente el empleo y la dinámica económica de la región.
En el Huila se siembran entre 30.000 y 33.000 hectáreas de arroz al año, en su mayoría bajo un modelo de pequeños y medianos productores que manejan extensiones de entre 7 y 10 hectáreas. Esta estructura hace que la crisis tenga un efecto más profundo en comparación con otras zonas del país, como los Llanos Orientales, donde la producción está concentrada en grandes extensiones.
A este panorama se suma el contrabando, uno de los factores que más preocupa al gremio. Según los productores, el ingreso ilegal de arroz, especialmente por la frontera con Ecuador, está distorsionando el mercado. Aunque la producción nacional cayó en 2025 a 3.050.000 toneladas —400.000 menos que el año anterior—, los inventarios aumentaron, lo que refuerza las alertas sobre el impacto del grano que ingresa de manera irregular al país.
Los arroceros insisten en la necesidad de medidas urgentes que permitan estabilizar los precios, controlar el contrabando y garantizar condiciones justas para la producción nacional.