La crisis del sector arrocero en el Huila se profundiza por una combinación de factores económicos y regulatorios que mantienen en vilo a miles de productores. Además de las restricciones impuestas por algunos molinos, que condicionan la compra del grano a la entrega de cartera, los arroceros advierten un desequilibrio entre los costos de producción y el precio de venta, lo que hace inviable la actividad para pequeños y medianos cultivadores.

El costo por hectárea —que incluye insumos, riego, maquinaria y mano de obra— ha aumentado de manera sostenida, mientras que el precio regulado de la carga ($182 mil) apenas cubre gastos. Con el vencimiento de la resolución el 31 de enero, el sector teme una caída inmediata del precio, lo que agravaría las pérdidas justo en el pico de la cosecha. En este escenario, muchos productores se ven obligados a vender por debajo de costos o a retener el grano, asumiendo gastos adicionales de almacenamiento.

A la problemática se suma el ingreso de arroz de contrabando y la incertidumbre sobre inventarios nacionales. Aunque las cifras oficiales reportan una producción de 3,5 millones de toneladas en 2024 y 3,05 millones en 2025, los inventarios no han disminuido como se esperaba, lo que, según los arroceros, evidencia distorsiones del mercado que presionan a la baja los precios internos.

El impacto social es significativo: cerca de 2.000 productores estarían afectados en el Huila, con pérdidas estimadas en $3.000 millones, y existe el riesgo de que hasta 33 mil hectáreas dejen de sembrarse si no se adoptan medidas urgentes. El gremio pide prórroga o ajuste de la regulación de precios, control efectivo al contrabando, transparencia en cifras de inventarios y líneas de apoyo financiero para evitar que la crisis derive en el abandono del cultivo y comprometa la seguridad alimentaria regional.