Crisis educativa en el Huila: paros y movilizaciones en varias instituciones

La educación en el Huila atraviesa una coyuntura crítica en 2025. Padres de familia, estudiantes y docentes de diferentes municipios han salido a las calles o han cerrado sus colegios en protesta por problemas administrativos, crisis de infraestructura y falta de respuestas de las autoridades.

Casos más recientes

  • Garzón (Institución Educativa El Recreo, sede Filo de Platanares):
    La comunidad exige el cumplimiento inmediato de la Resolución 6453 de 2025, que ordena el traslado del rector Edixon Rodríguez Sierra, señalado por presunta extorsión. Ante la falta de respuestas del secretario de Educación Departamental, Edgar Martín Lara, los padres de familia decretaron un paro indefinido, dejando a más de 200 estudiantes sin clases.
  • Nátaga (Institución Educativa Los Laureles):
    Padres rechazan la fusión con la Institución Las Mercedes. Con 135 estudiantes y más de 20 años de trayectoria, la comunidad cerró la sede y trasladó su protesta hasta la Gobernación en Neiva. Se niegan a reanudar clases mientras no se encuentre una solución diferente a la fusión.
  • Gigante (Institución Educativa Sósimo Suárez):
    Padres, docentes y estudiantes piden el traslado del rector Eduardo Silva. Si la Secretaría de Educación no oficializa el cambio en los próximos días, la protesta se intensificará.
  • Neiva (Institución Educativa Jairo Morera Lizcano):
    Permanece en paro indefinido por infraestructura deteriorada, falta de personal administrativo y condiciones insalubres en varias sedes. Aunque el Concejo Municipal debatió el tema, aún no se concretan soluciones.

La secretaria de Educación de Neiva, Amelia Monroy, señaló que el 84,7% del presupuesto se destina a nómina, lo que limita la inversión en infraestructura, aunque aseguró gestiones ante el Gobierno Nacional.
A nivel departamental, Edgar Martín Lara anunció que revisará caso por caso, pero sin comprometer fechas claras de solución.

Impacto en los estudiantes

El denominador común es la interrupción del derecho a la educación de cientos de niños y jóvenes. Las comunidades educativas advierten que mantendrán los paros y movilizaciones hasta obtener respuestas concretas.

La crisis pone a prueba la capacidad de los gobiernos municipal y departamental de atender de manera ágil los reclamos antes de que el panorama educativo se agrave aún más.

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