La reorganización del aseguramiento en salud ordenada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 0182 de 2026 modificaría de manera significativa la operación de las EPS en el Huila. La medida dejaría a Nueva EPS como la entidad con mayor presencia territorial, al convertirse en la única aseguradora habilitada en 24 de los 37 municipios del departamento.

La decisión hace parte de una estrategia impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca reorganizar la operación del sistema de aseguramiento y garantizar la continuidad de la atención en territorios con baja densidad poblacional o dispersión geográfica. Para ello, el decreto establece límites en el número de EPS autorizadas por municipio según su tamaño poblacional y el volumen de afiliados.

De acuerdo con la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, la redistribución impacta a varias entidades. EPS como EPS Sanitas, Salud Total EPS, Asmet Salud EPS y Coosalud EPS perderían autorización para operar en numerosos municipios huilenses.

En Neiva, la capital del departamento, seguirán operando Pijaos Salud EPSI, Nueva EPS y EPS Sanitas en el régimen subsidiado, mientras que en el contributivo permanecerán únicamente Nueva EPS y Sanitas. En contraste, entidades como Salud Total, Famisanar, SOS y Cajacopi dejarán de estar habilitadas.

En varios municipios del departamento la operación quedaría concentrada en una sola EPS. Ese escenario se presentaría en localidades como El Agrado, Aipe, Altamira, Nátaga, Oporapa, Paicol, Palestina y Yaguará, donde únicamente quedaría autorizada Nueva EPS.

El decreto también define la forma en que se asignarán los afiliados cuando una EPS deje de operar. El proceso será realizado por el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), utilizando la Base de Datos Única de Afiliados. Entre los criterios establecidos están la permanencia del núcleo familiar en una misma entidad, la asignación proporcional según número de afiliados y reglas especiales para poblaciones de alto costo, mujeres gestantes y comunidades indígenas.

A nivel nacional, organizaciones del sector salud han expresado preocupación por el impacto de la medida. El vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, advirtió que la redistribución de millones de afiliados podría afectar la continuidad de tratamientos para pacientes con enfermedades de alto costo. De igual forma, ACEMI cuestionó la medida al considerar que implicaría un traslado masivo de usuarios hacia Nueva EPS.

Desde el Gobierno, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió el decreto y aseguró que la norma busca corregir fallas estructurales del sistema y garantizar la atención de los usuarios. Mientras tanto, la congresista Katherine Miranda anunció que promoverá acciones legales para demandar la medida ante la justicia.