Colombia volvió a recibir una descertificación por parte del Gobierno de Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico, una decisión que revive tensiones diplomáticas y cuestiona la efectividad de la política antidrogas en el país.

La administración de Donald Trump señaló que el Gobierno colombiano, encabezado por Gustavo Petro, ha “fallado notablemente” en sus obligaciones frente al control del narcotráfico. Sin embargo, pese a la sanción simbólica, Washington aseguró que continuará financiando programas y asistencia en seguridad por considerarlos “vitales para los intereses nacionales de Estados Unidos”.

Según el informe oficial, el cultivo de coca y la producción de cocaína alcanzaron niveles récord durante el último año. Trump acusó directamente al liderazgo político colombiano de no avanzar en la erradicación y responsabilizó a Petro por los intentos “fallidos” de negociar con grupos narcotraficantes.

El mandatario colombiano respondió en su espacio televisivo semanal: “EE.UU. nos descertificó después de decenas de muertes entre policías, soldados y civiles que intentaban impactar el tráfico de cocaína”. Petro ha insistido en la necesidad de buscar alternativas pacíficas para los campesinos cultivadores, en lugar de criminalizar a pequeños productores.

Mientras tanto, las Fuerzas Militares y la Policía destacaron los esfuerzos realizados: cientos de toneladas de cocaína incautadas, destrucción de cultivos ilícitos y el sacrificio de agentes en operaciones, como la reciente caída de un helicóptero oficial derribado por disidencias armadas.

Expertos advierten que, aunque EE.UU. no suspendió la ayuda financiera, la decisión es un golpe político y diplomático que puede deteriorar aún más la relación entre Bogotá y Washington, históricamente aliados en seguridad y defensa.

No es la primera vez que Colombia enfrenta una medida de este tipo. En 1997, bajo el gobierno de Ernesto Samper, el país también fue descertificado. Desde entonces, se había consolidado como socio estratégico de Washington en la lucha contra el narcotráfico en Sudamérica.

Sectores sociales, sin embargo, cuestionan el enfoque unilateral. Gloria Miranda, responsable de programas de sustitución de cultivos, afirmó que los países consumidores deben asumir su responsabilidad: “Las naciones consumidoras deben hacer su parte justa y apoyarnos, porque esa es la otra cara del narcotráfico”.

Con este escenario, el desafío para Colombia será recuperar la certificación sin debilitar su soberanía en materia de política antidrogas, en un contexto en que Estados Unidos mantiene una estrategia cada vez más militarizada en la región.