Colombia enfrenta el enorme reto de reparar a más de 10 millones de víctimas del conflicto armado, un proceso que, según estimaciones, podría costar cerca de 300 billones de pesos, cifra equivalente a más del 60% del presupuesto anual del país. Con el ritmo actual de inversión, se requerirían unos 20 gobiernos para indemnizar a toda la población afectada.

En el Huila se han registrado 216.492 víctimas, de las cuales 59.419 son atendidas en Neiva, principalmente en las comunas 6, 8, 9 y 10, que concentran más del 60% de esta población. Muchas provienen de municipios como Algeciras, Baraya y Tello, además de departamentos cercanos como Caquetá, Putumayo y Cauca.

El desplazamiento forzado es el hecho victimizante más recurrente, aunque también se reportan homicidios, amenazas, desapariciones forzadas, secuestros y delitos contra la libertad, entre otros. En cuanto a la composición demográfica, las mujeres representan el 52% de las víctimas; los grupos más afectados son afrocolombianos, indígenas y personas entre los 29 y 59 años.

Los recursos para la reparación provienen tanto del gobierno nacional como del Fondo de Reparación de Víctimas, que se alimenta de bienes incautados al narcotráfico y a grupos armados ilegales. Según la Comisión de la Verdad, los principales responsables de estos hechos han sido los grupos paramilitares, las guerrillas FARC-EP y ELN, y también agentes estatales.