La Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva abrió investigación disciplinaria en contra de dos funcionarias por presuntas irregularidades en la contratación del Centro de Detención de la capital huilense, según un auto fechado el 16 de marzo de 2026.

El proceso, que se adelanta bajo los radicados IUS E-2026-134937 e IUC D-2026-4288072, vincula a Lilly Andrea Manrique Bahamón, quien para la época se desempeñaba como directora de Justicia y Comisaria de Familia de Campoalegre, y a María Angélica Duarte Rivas, en su condición de jefe de Contratación de la Alcaldía de Neiva.

De acuerdo con el documento, la actuación disciplinaria se origina en una publicación periodística que advierte sobre posibles irregularidades en el contrato de arrendamiento No. 1155 del 14 de julio de 2025, suscrito por un valor cercano a los 240 millones de pesos con una persona que, presuntamente, se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado.

Según la información conocida por el ente de control, la contratista inicial habría ostentado simultáneamente la calidad de funcionaria pública, lo que configuraría una eventual incompatibilidad. Posteriormente, tras detectarse dicha situación, el contrato habría sido transferido a un tercero —familiar de la funcionaria— mediante la creación de una sociedad sin trayectoria, la cual continuó ejecutando el negocio y suscribiendo contratos adicionales que superarían los 530 millones de pesos.

La Procuraduría indicó que la apertura de la investigación se realiza con fundamento en los artículos 211 y siguientes de la Ley 1952 de 2019, con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si constituyen falta disciplinaria y establecer la posible responsabilidad de las funcionarias involucradas.

El caso pone nuevamente en el foco la contratación pública en Neiva y las actuaciones alrededor del centro de detención, un tema que ha generado debate y seguimiento por parte de medios y ciudadanía.