El fenómeno del reclutamiento forzado en Colombia sigue en aumento y el Huila aparece entre los departamentos más afectados. Así lo advirtió en Neiva Carlos de la Torre, representante adjunto de ONU Derechos Humanos, al señalar que en el departamento “hemos visto un incremento importante” de este crimen de guerra.

Las cifras muestran la gravedad de la situación. La ONU documentó 13 casos en 2022, 71 en 2023, 27 en 2024 y 28 en lo corrido del 2025. La Defensoría del Pueblo reporta aún más: 40 en 2024 y 32 en lo que va del año. Tanto la ONU como la Gobernación del Huila coinciden en que existe un alto subregistro, pues el miedo impide que muchas familias denuncien.

El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera reconoció que el Huila ocupa el quinto lugar nacional en afectación por reclutamiento de menores. “Ese es un puesto que no queremos tener y debemos actuar con acciones concretas desde la política pública”, enfatizó.

Según De la Torre, los grupos armados aprovechan la intimidación, la violencia y hasta las redes sociales como TikTok o Facebook para persuadir o engañar a los menores. “El impacto es devastador, no solo a nivel personal y familiar, también para las comunidades y el país entero”, señaló.

De acuerdo con un informe de la ONU, entre 2002 y 2024 se documentaron 651 afectaciones a los derechos de niños y niñas, de las cuales 474 corresponden a reclutamiento forzado. El 39,7% de los casos involucran a niñas, muchas veces vinculadas a situaciones de violencia sexual, y el 48,3% a menores indígenas y afrodescendientes, con una fuerte incidencia en el Huila.

En respuesta a esta realidad, ayer se firmó en el Salón de Gobernadores un decreto que crea el Comité Departamental de Prevención y Protección contra el Reclutamiento Infantil, con participación de la Gobernación, la ONU y otras entidades.

De la Torre destacó la voluntad política del gobernador Villalba para enfrentar el fenómeno, “un compromiso que no es tan común en otras regiones del país”. Sin embargo, también alertó sobre la crisis financiera que atraviesa la oficina de la ONU, lo que podría limitar su presencia permanente en el Huila.

Pese a que tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 el reclutamiento se redujo a mínimos históricos, el fortalecimiento de las disidencias y otros grupos armados lo ha devuelto al escenario como uno de los crímenes más graves y persistentes en Colombia.