Una alerta encendieron las autoridades en el Huila tras la suspensión de licencias a tres empresas de vigilancia privada que operaban en el departamento, luego de evidenciarse su presunta infiltración por estructuras criminales. Dos de estas compañías prestaban servicios en Neiva al momento de la decisión.

La medida fue adoptada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el marco de una actuación administrativa que cobija a 31 empresas en todo el país. Según las investigaciones, varias de estas firmas, pese a contar con permisos legales, estarían siendo utilizadas como fachada para actividades ilícitas.

Entre los hallazgos, las autoridades identificaron que las licencias eran empleadas para facilitar el transporte de elementos prohibidos, el lavado de activos e incluso labores de inteligencia al servicio de organizaciones delincuenciales, aprovechando la apariencia de legalidad del sector.

En el listado nacional figuran compañías como OL Security Group, 360 Grados Seguridad, Marshall Security MS, Seguridad Sara, Clock Security, Vinalseg, Pretorian Security y Blink Seguridad. Además, casos como Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., ambas con sede en Barranquilla, ya registran cancelación de licencia en primera instancia por la gravedad de las irregularidades detectadas.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión, señalando que el objetivo es evitar que los permisos otorgados por el Estado terminen fortaleciendo redes criminales a través de esquemas de seguridad privada.

La Superintendencia advirtió que las investigaciones continúan y que al menos ocho empresas más se encuentran en etapa avanzada de revisión, por lo que no se descartan nuevas sanciones en los próximos días.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a entidades públicas y privadas en Neiva y otros municipios del Huila para que verifiquen el estado legal de las empresas de seguridad contratadas y tomen medidas oportunas frente a la suspensión de estos servicios.