A menos de dos meses del inicio del calendario electoral, la Registraduría Nacional advirtió sobre el riesgo de injerencia de grupos armados ilegales en las elecciones. Según el registrador nacional, Hernán Penagos, en 312 municipios del país se identifica presencia o influencia de estas estructuras.

La alerta señala que en el 40 % de esos municipios existiría un interés político y electoral, lo que podría derivar en coacción al votante, instrumentalización del voto, amenazas a candidatos o financiación ilegal de campañas.

Penagos explicó que la fragmentación de los grupos armados les ha permitido mantener control local en varios territorios. En algunos municipios la violencia reduce la participación electoral, mientras que en otros se registra alta participación en contextos de alta violencia, un patrón que podría indicar presiones sobre las comunidades.

La advertencia se dio durante la activación de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, integrada por la Procuraduría, Fiscalía, Ministerio de Defensa, Contraloría, Fuerzas Militares y la Misión de Observación Electoral (MOE).

La Registraduría, junto con la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, elaboró mapas de riesgo electoral basados en violencia, criminalidad y niveles históricos de participación, con el fin de priorizar territorios vulnerables, definir puestos de votación y prevenir afectaciones a la transparencia de los comicios.