Un ataque armado registrado la noche del lunes 5 de enero dejó como saldo dos integrantes de la Policía Nacional muertos y dos más gravemente heridos, en hechos ocurridos en la vía de acceso al municipio de Cartagena del Chairá, en el sur del departamento del Caquetá.
Según el reporte oficial, los uniformados fueron emboscados con ráfagas de fusil por hombres armados cuando realizaban labores de control y vigilancia en la zona rural, en un hecho que la Policía calificó como un ataque “vil y a traición”.
Identificación de las víctimas
Las víctimas fatales fueron identificadas por la institución como:
- Subintendente Luis Alfonso Flórez Flerez, de 33 años,
- Patrullero Rusbel Alfredo Lesmes Moreno, de 26 años.
Ambos murieron en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas recibidas durante el ataque.
Además, otros dos agentes resultaron heridos con gravedad:
- Intendente Jhorjan Fabián Márquez Souza,
- Subintendente John Ferney Suárez Taborda,
quienes fueron trasladados de urgencia en helicóptero a la ciudad de Florencia para recibir atención médica especializada.
Aunque las investigaciones iniciales continúan, las autoridades han señalado como presuntos responsables a integrantes del “Frente Rodrigo Cadete”, una estructura de disidencias de las extintas FARC que opera de manera activa en el sur de Caquetá.
Este hecho se produce en un contexto de alta tensión en varias regiones del país, donde grupos armados ilegales han intensificado acciones violentas contra la Fuerza Pública. La Policía Nacional había emitido, desde finales de diciembre de 2025, alertas de inteligencia ante posibles ataques contra unidades en Cartagena del Chairá.
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El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, expresó su condena al ataque a través de sus redes sociales, calificándolo como un acto cobarde y criminal y manifestó su solidaridad con las familias de los uniformados fallecidos.
Tras el atentado, las autoridades desplegaron operaciones en la región con el objetivo de localizar a los responsables y reforzar la seguridad en uno de los municipios más afectados por el conflicto armado en el sur de Colombia.
El hecho vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta el Estado para garantizar la seguridad en territorios donde persisten economías ilícitas, presencia de estructuras armadas y altos niveles de violencia contra la Fuerza Pública.
