El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional estableció el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7 %, considerado el más alto registrado hasta ahora. La decisión se adopta en medio del estudio de cerca de 30 demandas que cuestionan la legalidad del acto administrativo

El alto tribunal ordenó que, en un plazo máximo de ocho días calendario, el Ejecutivo expida y publique un nuevo decreto con un aumento transitorio que se ajuste a los criterios económicos y constitucionales establecidos en la Ley 278 de 1996. Ese valor regirá mientras se emite una sentencia definitiva dentro del proceso.

Según el auto, el Gobierno deberá aplicar de manera integral los parámetros técnicos exigidos por la norma, entre ellos inflación, productividad, crecimiento del PIB, meta inflacionaria y participación de los salarios en el ingreso nacional. De acuerdo con los demandantes, estos elementos no fueron debidamente sustentados al momento de fijar el incremento.

El Consejo de Estado explicó que la medida cautelar busca garantizar la efectividad de una eventual sentencia y proteger el objeto del proceso, sin que ello implique un pronunciamiento de fondo sobre la validez definitiva del decreto.

Como antecedente, en 2017 el mismo tribunal anuló un decreto de salario mínimo, aunque en ese caso lo hizo por considerar que el aumento había sido insuficiente y ordenó reajustarlo al alza. Ahora, la decisión devuelve al Gobierno la responsabilidad de recalcular el incremento conforme a los lineamientos legales mientras continúa el análisis judicial.