El contralor departamental del Huila, Wilson Díaz Sterling, advirtió sobre un desequilibrio financiero de más de $1.000 millones en la Contraloría del departamento, atribuible a cesantías de funcionarios que no fueron incluidas oportunamente en presupuestos anteriores, según un reporte divulgado por medios locales.
Díaz Sterling, quien asumió el cargo recientemente, explicó que durante el proceso de empalme con la administración anterior se detectó que cesantías retroactivas correspondientes a varios servidores no estaban contempladas en las apropiaciones presupuestales de años previos. Esto obliga a la entidad a afrontar estas obligaciones con el presupuesto previsto para la vigencia 2026, lo que genera presión sobre otros rubros financieros.
De acuerdo con el contralor, de los 57 funcionarios que actualmente laboran en la Contraloría del Huila, doce presentan cesantías acumuladas por varios períodos que suman más de $700 millones, situaciones que no quedaron registradas como cuentas por pagar en el presupuesto anterior. A ese monto se suman las cesantías anuales de aproximadamente 40 empleados en situación de provisionalidad, que también debían haberse incluido en las cuentas de 2025 pero no fueron previstas.
“El dinero no fue apropiado y no está disponible en las cuentas, por lo que debo atender estas obligaciones con los recursos de la vigencia actual”, señaló Díaz Sterling en declaraciones recogidas por medios regionales. La falta de provisión presupuestal, indicó, podría implicar ajustes en el gasto proyectado para este año y afectar algunos planes de contratación o funcionamiento interno de la entidad.
Pese a este panorama financiero, el contralor resaltó que la entidad ha avanzado en reducir el rezago procesal en materia de responsabilidad fiscal, con casi la mitad de los casos pendientes ya resueltos o en etapas avanzadas, lo que, según él, contribuiría a fortalecer la gestión fiscal en el departamento.
La advertencia sobre este déficit ocurre en un contexto más amplio de debates sobre la planeación presupuestal en Colombia, donde analistas y entes de control han señalado riesgos y vacíos en las cuentas públicas para 2025 y 2026, incluyendo la necesidad de ajustar ingresos y gastos para mantener estabilidad financiera.
Las autoridades locales ahora deberán evaluar cómo absorber estas obligaciones sin desatender otras prioridades presupuestales, mientras la Contraloría asegura que priorizará el cumplimiento de los derechos laborales de sus funcionarios dentro de los límites disponibles.
