Los representantes del Ministerio Público en el departamento del Huila han advertido sobre una grave situación en el acceso efectivo a servicios de salud, especialmente en la entrega de medicamentos y la atención por parte de las EPS, lo que ha motivado la presentación de miles de acciones legales para proteger este derecho.
Según líderes de las personerías municipales, desde distintas áreas del departamento se han gestionado más de 6.000 tutelas e incidentes de desacato con el fin de asegurar que pacientes reciban medicamentos y servicios que consideran han sido negados o dilatados por los operadores del sistema. Los afectados serían, en buena parte, personas afiliadas a entidades como Nueva EPS y Sanitas, quienes acumularían pendientes de atención y entrega de medicinas, incluso en casos de tratamientos de alto riesgo.
Esta acumulación de acciones judiciales refleja la amplia disfunción que, según personeros, enfrenta el sistema de salud en el Huila, donde largas filas para reclamar medicamentos, retrasos en servicios ambulatorios y dificultades con autorizaciones médicas han sido constantes. Con base en las denuncias, miles de usuarios llevan varios meses sin recibir tratamientos fundamentales para su bienestar.
Los 37 personeros del departamento se reunieron recientemente con el delegado regional de la Superintendencia Nacional de Salud en Neiva, con el objetivo de exponer esta situación y solicitar acciones concretas por parte de las autoridades de vigilancia en salud. En esa reunión se planteó la intención de interponer lo que califican como una acción constitucional de reclamo colectivo, para visibilizar la magnitud de los medicamentos pendientes por entregar con corte a enero de 2026.
El personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, señaló que pese a la presentación de miles de tutelas e incidentes de desacato, muchas de estas acciones no han generado respuestas eficaces por parte de las EPS o las instituciones responsables de garantizar la prestación de los servicios. Esta falta de respuesta ha intensificado el descontento de las personas que requieren atención continua.
Ante esta situación, algunas voces dentro del sector del Huila han cuestionado la falta de movilización social alrededor de la crisis en salud, comparada con otras problemáticas que han generado protestas públicas. Los personeros han insistido en que la salud es un derecho fundamental y han instado a organizaciones sociales y de derechos humanos a aumentar la presión para que se garantice el acceso efectivo a medicamentos y servicios médicos.
El panorama en el departamento se suma a un contexto más amplio de tutela en salud en Colombia, donde esta herramienta ha sido recurrente para reclamar la protección de derechos ante fallas en la prestación de servicios, aunque el número exacto varía por región y año.
