La Alcaldía de Neiva enfrenta una nueva controversia tras la salida de varios funcionarios como consecuencia de un fallo judicial que declaró nula la reestructuración administrativa realizada durante el gobierno del exalcalde Gorky Muñoz. La medida, adoptada por el actual mandatario Germán Casagua, ha generado inconformidad entre los empleados desvinculados, quienes alegan irregularidades y vulneración de derechos sindicales.

La decisión judicial, proferida el 29 de septiembre de 2025 por el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, dejó sin efecto los Decretos 017 y 018 de enero de 2023 al determinar que fueron expedidos con “falsa motivación” y en contravía de los principios de mérito y carrera administrativa. En cumplimiento de esa sentencia, la administración actual comenzó a revertir los cargos creados y modificados, proceso que impactó directamente a 34 puestos entre asesores, técnicos y profesionales.

Entre los afectados se encuentra Diego Suárez, quien aseguró que la administración ejecutó los despidos sin que la sentencia estuviera en firme. “Nos notificaron el viernes sin respetar el fuero sindical que varios de nosotros tenemos”, declaró. Su salida se formalizó mediante el Decreto 0422 del 8 de noviembre de 2025.

Suárez afirmó que él y otros funcionarios habían solicitado ser vinculados al proceso como coadyuvantes antes de que la decisión quedara ejecutoriada, petición que fue negada por el juez. “La Alcaldía aplicó el fallo sin esperar el pronunciamiento del tribunal”, señaló, al tiempo que denunció que su protección sindical, avalada por la Confederación General del Trabajo (CGT), fue ignorada.

De acuerdo con su versión, al menos siete de los trabajadores retirados cuentan con la misma garantía, lo que podría comprometer la legalidad de los decretos expedidos para dar cumplimiento al fallo.

Las medidas administrativas se materializaron a través de varios actos firmados por el alcalde Casagua, entre ellos los Decretos 0393, 0405, 0408 y 0423, los cuales modificaron grados jerárquicos, ajustaron salarios y formalizaron las desvinculaciones. Estas decisiones se tomaron a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías Electorales, que restringe los movimientos en la nómina pública durante el periodo preelectoral.

Mientras algunos sectores políticos interpretan la aplicación del fallo como el cierre definitivo del legado del gorkysmo en la administración municipal, los empleados retirados advierten que la controversia apenas comienza. “Si no me permiten el ingreso al trabajo, dejaré constancia del hecho”, indicó Suárez, al anunciar acciones legales.

La situación ha abierto un nuevo frente de debate en el gobierno local, donde se cuestiona si el cumplimiento del fallo se realizó respetando las normas laborales y los derechos de asociación sindical. El caso podría escalar a instancias judiciales superiores, prolongando el conflicto administrativo en la capital huilense.