La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar para establecer si la Nueva EPS pudo incurrir en responsabilidad penal en el fallecimiento de Kevin Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa, quien murió tras permanecer varias semanas sin recibir el medicamento que requería para el control de su enfermedad.

De acuerdo con información conocida, un fiscal de la Unidad de Vida asumió el caso con el objetivo de determinar si existieron omisiones, fallas en la prestación del servicio o decisiones administrativas que hayan incidido de manera directa en el deterioro de la salud del menor y, eventualmente, en su muerte. La indagación se concentra en establecer si la interrupción del tratamiento, reportada desde diciembre de 2025, configuró una conducta penalmente relevante.

Kevin Acosta falleció el 13 de febrero, luego de ser hospitalizado por complicaciones graves tras una caída. Según organizaciones de pacientes, el menor presentó un sangrado cerebral, una condición de alto riesgo en personas con hemofilia que, de acuerdo con expertos médicos, requiere tratamiento preventivo continuo y oportuno para evitar desenlaces fatales.

Desde la Fiscalía se analiza el manejo integral del caso, incluyendo la continuidad del suministro del medicamento, los trámites administrativos asociados a la atención en salud y las decisiones adoptadas durante el periodo en el que el niño no recibió la terapia indicada. El proceso busca establecer si hubo negligencia, omisión o incumplimiento de deberes por parte de la entidad responsable de la atención.

La Sociedad Colombiana de Pediatría también solicitó que se adelanten todas las investigaciones necesarias, al advertir que la falta de acceso oportuno a medicamentos esenciales en enfermedades crónicas representa un riesgo grave para la vida de niños y adolescentes.

Por su parte, Nueva EPS aseguró haber gestionado la atención del menor y atribuyó la interrupción del tratamiento a cambios administrativos relacionados con la portabilidad del servicio. No obstante, esta versión hace parte del análisis que adelanta la Fiscalía, que deberá contrastar los relatos de la familia, los registros médicos y los procedimientos internos de la entidad.

Mientras avanza la investigación, el caso de Kevin Acosta se convirtió en un referente nacional sobre la responsabilidad de las EPS en la garantía efectiva del derecho a la salud y el alcance penal que podrían tener las fallas en la atención de pacientes con enfermedades de alto riesgo.