El departamento del Huila empezó a figurar como un territorio clave en el tercer ciclo de violencia que atraviesa Colombia, caracterizado por la expansión simultánea de varios grupos armados, la recomposición de economías ilegales y una débil presencia estatal. Así lo advierte el informe Balance de Grupos Armados 2025 de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Según el estudio, 25 de los 37 municipios del Huila registran algún tipo de presencia de actores armados. Su ubicación estratégica, como corredor entre el sur amazónico, el suroccidente y el centro del país, lo convierte en una zona de tránsito y conexión para estructuras ilegales que buscan movilidad, refugio y control de rutas.

El informe señala que la confrontación en el Huila no es abierta ni permanente, sino fragmentada y de bajo perfil, enfocada en corredores específicos y zonas rurales con escasa institucionalidad. Esta dinámica se traduce en control social, extorsiones, amenazas a líderes y regulación informal de economías locales.

Pares advierte que, aunque la política de ‘Paz Total’ no generó el crecimiento de los grupos armados, tampoco logró contener su expansión. Además, durante la pandemia del COVID-19, estas estructuras aprovecharon el repliegue estatal para reorganizarse y fortalecer sus economías ilícitas.

En el departamento persiste la presencia de disidencias de las Farc asociadas a alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá Córdoba’, quienes ejercen control en distintas zonas. En contraste, la Segunda Marquetalia y el Eln no han logrado consolidar su expansión. La fractura del Estado Mayor Central en 2024 profundizó las disputas por rutas del narcotráfico y activos criminales en la región.

Actualmente, solo 12 municipios no presentan registros de presencia armada, entre ellos Yaguará, Pitalito, Timaná y San Agustín. Para Pares, el Huila se consolidó como un escenario de “guerra silenciosa”, con afectaciones directas a la gobernabilidad y a la vida cotidiana de las comunidades rurales y urbanas.

El informe es considerado una alerta temprana para la institucionalidad, que deberá fortalecer la acción del Estado para evitar el afianzamiento de estas estructuras y contener la expansión de una violencia menos visible, pero persistente.